La educación y el Estado: un debate desde la Economía Política (I)

08.03.2021

Introducción a la discusión

Hace unos meses, mi antiguo profesor de Economía - Pablo Méndez Polo - y yo - Antonio Fragua Dols - debatimos sobre el papel del Estado en la educación. A partir de un fragmento de una obra de Edwin G. West (La educación y el Estado: un estudio de Economía Política) que él me facilitó inicialmente, ambos exponemos una serie de ideas referidas a dos posturas enfrentadas: la liberalización o centralización de la educación. Claro es que ni él ni yo aportamos todo el conjunto de argumentos posibles en cada posición, sino que, simplemente, abrimos la puerta a dos visiones que pueden ser perfeccionadas por el lector. 

En el enlace que se muestra a continuación puede acceder al texto que dio origen a la discusión mencionada.

Réplica al texto de Edwin G. West 

El texto de Edwin West gira en torno a la idea, primero, de que una igualdad de oportunidades garantizada por el Estado da lugar a más problemas de los que había y, segundo, que aboliendo los impuestos para la educación pública actual, el dinero vuelve a los bolsillos del ciudadano que así podrá adquirir una educación de calidad (gracias a la libre competencia) y ajustada a sus intereses.

Sobre el primer punto, el autor hace alusión a una posible corrupción del sistema que resultaría perjudicial. Me parece evidente que ese no puede ser argumento para defender la bondad o maldad de un sistema, sino que es una posible consecuencia que se deberá evitar a toda costa, si se ha llegado previamente a la conclusión de que ese papel del Estado, como garante de la igualdad, es bueno.

Sobre el segundo punto:

West habla sobre la industria de la alimentación, sigamos el ejemplo. De una forma natural, respondiendo a los principios del capitalismo, hay una gran variedad de supermercados: tenemos desde cadenas locales hasta otras de alcance internacional. Unas centradas solo en comestibles, otras que abarcan otras líneas, como la ropa, unas más baratas, otras más caras. Esta última distinción es importante. En función del beneficio, una empresa puede decidir dar un servicio de peor calidad (en principio) a costa de unos precios bajos, mientras otras tienen una oferta más exclusiva a cambio de ser más caras. Esta relación entre el precio y el servicio ofertado se percibe si se compra en Aldi habitualmente y un día se entra a Sánchez Romero. En el mundo de la alimentación la diferencia es trivial, pues un alimento no deja de ser lo que es, y que haya gente que no puede permitirse entrar en Sánchez Romero no implica un problema social, siempre y cuando pueda entrar en su tienda local. 

Esta diferencia se extiende a la educación. Si hubiera un libre mercado en ella ocurriría, de seguro, lo mismo que en los supermercados. Unas universidades ofrecerían un producto mejor (que se traduce en prácticas en el extranjero, en empresas de primer nivel, profesores de gran renombre, etc) a cambio de un precio mayor; mientras que otras, centrándose en otro perfil de cliente, no ofrecerían ese producto, pero sí precios populares. Ambas universidades, como es lógico, se centrarían en su propio beneficio y lograrían ser eficientes, pero la diferencia existe. Y este caso no es trivial como el que ocurre con Sánchez Romero, pues haber podido acceder a prácticas en el extranjero, con empresas de primer nivel, etc. otorga un prestigio que da lugar a una ventaja sobre el resto a la hora de entrar en la bolsa de empleo. Esta ventaja implica desigualdad de oportunidades.

El texto afirma que si se devolviera a los padres el dinero  que se gastan en la educación pública, podrían gastarlo en una educación de calidad, teniendo acceso a las ventajas que antes he señalado. Sin embargo, pasa por alto un hecho básico en la economía, y es que si todas las personas tienen x euros más sobre el dinero que tenían, el precio de las escuelas - las baratas y las caras - aumentarán proporcionalmente su precio. Es cierto que habría una optimización en la enseñanza gracias al libre mercado, pero seguiría habiendo diferencias en cuanto a la calidad. Si el Estado concede cheques de 200 euros a las familias para alimentos, Sánchez Romero seguirá siendo exclusivo, pues mantendrá su política de exclusividad, permitiéndose precios más caros, pero con servicios aún mejores.

Es lógico, por tanto, que siempre habrá diferencias por calidad en la educación. En favor de la privatización, quedaría argumentar que esas ventajas que unos tienen y otros no, son totalmente legítimas, pero, entonces, deberíamos preguntarnos cuál es el factor diferenciador en la sociedad: el mérito y la capacidad o las circunstancias externas a la persona.

Otro argumento se basaría en acudir a la existencia de las becas, por las que si un alumno está especialmente capacitado, puede acceder a una educación de primer nivel. Pero para hablar de una estructura educativa que afecta a todas las personas, debemos ponernos en el caso del común de los alumnos y no en las brillantes excepciones: dos estudiantes con un expediente académico notable pero con rentas familiares distintas, en el libro mercado tendrían acceso a universidades de calidades distintas. Tenemos que elegir, de nuevo, entre el mérito y la capacidad o las circunstancias externas a la persona.

El problema por el que nace la propuesta de una educación sin el Estado responde a la existencia de una enseñanza pública deficiente. Pienso que, entonces, el problema sobre el que debemos centrar nuestros esfuerzos consiste en compaginar una educación universitaria pública con una organización optimizada. Esto llevaría tiempo y es una lucha realmente ilusionante para nuestra sociedad.

Por último, esta educación pública debería extenderse únicamente al ámbito universitario, que es donde el futuro laboral se labra (para un proceso de selección en una empresa, poco importará que el interesado haya estudiado en un colegio privado o en un instituto público). En cambio, dejando al libre mercado la enseñanza primaria y secundaria, nos aseguramos una educación no solo académica sino también moral ajustada a los deseos de la familia (en la universidad la educación moral deja de ser relevante, pero esto lleva a más cuestiones que no vienen al caso). 

El problema de una posible desigualdad para el acceso a las universidades por este modelo de enseñanza pública se solucionaría, a priori, con un examen común a todos los estudiantes del país en el que se decida la nota para el acceso a la universidad.

En definitiva, detrás de todo esto hay una visión de la sociedad en la que prima la capacidad, para la cual es radicalmente vital una igualdad de oportunidades efectiva. Esta igualdad lleva a que haya gente con responsabilidades más altas y menos altas, pero nunca gente socialmente más o menos valiosa; cada uno tiene su vocación que responde, en parte, a la capacidad y que contribuye de una forma esencial al país.

ANTONIO FRAGUA DOLS